EDUCACION, UN DERECHO CUESTIONADO
Por Bernardo Kliksberg, desde EE. UU.
La educación es clave para el futuro de las personas, las familias, y los países. Recientes mediciones en USA muestran que es el mayor preventivo anti delincuencia. Entre los que terminaron la escuela secundaria, los detenidos en cárceles son 1 de cada 35. Entre los que no la finalizaron uno de cada 10. Quienes completaron un grado universitario ganan 74% más que los que no lo hicieron. En los países con educación universal garantizada hasta casi terminar la Universidad como Noruega, y Finlandia, la pobreza es cero.
Una América Latina preocupada con razón por la inseguridad ciudadana, los altos niveles de pobreza (34% actualmente), y la baja competividad de sus economías debería prestarle la máxima atención.
Con avances, los déficits son considerables. 6 millones de jóvenes entre 15 y 19 años no terminaron la escuela primaria. No finalizan la secundaria, El 70% en Guatemala, Honduras, y Nicaragua, el 50% en Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá y Paraguay.
Las deserciones en primaria y secundaria están ligadas a las agudas desigualdades de la región. En el 20% más rico la terminan 4 de cada cinco, en el 20% más pobre sólo uno de cada cinco. Mientras que en el 20% más rico, la quinta parte termina la Universidad, en el 20% más pobre es sólo uno de cada cien.
Las causas de las deserciones son muy concretas. Una es la desnutrición, 16% de los niños padecen de desnutrición crónica. Otra es el trabajo infantil, el 11% de los menores de 14 años trabajan duramente para agregar ingresos a sus hogares. Una tercera es la desarticulación familiar. Ante carencias críticas las familias pobres se desintegran con más facilidad. Contar con una familia articulada es decisivo para la motivación, y el rendimiento de los niños en la escuela. Se crea así un “círculo perverso”. Entre los jóvenes cuyos padres no terminaron la primaria, solo terminan la secundaria 3 de cada 10. En aquellos que tienen padres graduados universitario, la completan 9 de cada 10.
Por otra parte mientras las familias de mejores recursos económicos, hacen lo posible en un mundo tan competitivo para que sus hijos prolonguen sus estudios y hagan incluso postgrados, las pobres no tienen otra alternativa que tratar de que trabajen cuanto antes para sumar ingresos, y por tanto corten sus estudios.
Es una obligación de una sociedad democrática, dar oportunidades de educación a todos. Hacerlo requiere en primer término, invertir recursos. Mientras que Dinamarca gasta en educación primaria 7949 dólares por alumno, Francia 5224, España 4800, México dedica 1604, y Perú 446. No se puede alegar falta de recursos. Cuanto más haya mejor, pero siempre habrá un tema de cómo se priorizan. Entre otros ejemplos Costa Rica, decidió cambiar su constitución para colocar en ellas que el gasto en educación no debe ser menos al 10% del Producto Bruto Nacional. El Congreso argentino dicto una Ley que obliga al Estado con la misma cifra. El Gobierno Lula garantizo la inversión educativa en la crisis. Uruguay desarrollo a pesar de ella el Plan Ceibal que universalizo el acceso a internet en sus escuelas públicas.
Las políticas públicas “activistas” a favor de la educación deben ser acompañadas de vigorosos programas de responsabilidad social empresarial en esta área, y de la movilización permanente de la sociedad civil a favor de ella. Resultados como los que arrojo el internacionalmente premiado programa Fe y Alegría dan idea de lo mucho que puede aportar.
Hoy en América Latina a cada niño al que se le niega de hecho la posibilidad de estudiar, se lo está condenando a ser un excluido o marginal en su sociedad, y en el siglo XX. Es una afrenta ética y una violación de derechos humanos básicos que es hora termine.
(*) Asesor Principal de la Dirección de la ONU/PNUD para América Latina